Más de medio millón de hogares no tienen agua potable

Buenos Aires.-En la estructura de costos de la atención médica, la construcción de hospitales es un componente menor frente a lo que implican los gastos operativos, como el pago de salarios y la compra de insumos. Por eso, construir hospitales desde el gobierno nacional que luego deberán gestionar gobiernos provinciales empobrecidos no contribuirá a mejorar la salud de la población. La decisión centralizada y unilateral de gastar el producido de las retenciones en la construcción de hospitales es otro ejemplo que explica porqué –a diferencia de lo que ocurre en los países bien organizados– el gasto público en la Argentina no mejora la distribución del ingreso. El gobierno dispuso en forma unilateral un destino específico a los recursos incrementales que provengan del aumento en las alícuotas de las retenciones sobre las exportaciones. Establece que estos recursos se destinarán en un 60% a la construcción de hospitales, en un 20% a la construcción de viviendas populares y en el 20% restante a la construcción de caminos rurales. De esta forma, sostiene la propuesta oficial, se estima que entre lo que va de 2008 y el 2009 se asignarán aproximadamente $2.100 millones provenientes de retenciones a una función social.La decisión fue cuestionada porque a través de la programación de estos gastos se trata de legitimar el cuestionado aumento de las retenciones. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente evaluar si el destino es el mejor que se le puede dar al aumento en los recursos públicos. En base a datos oficiales se pueden identificar evidencias relevantes en relación a este tema. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el primer trimestre del 2007 se observó entre los hogares de los grandes aglomerados que:· 561 mil hogares no tienen agua potable dentro de la vivienda.· 616 mil hogares están ubicados a menos de 300 metros de un basural.· 801 mil hogares tienen inodoros con arrastre a balde o letrinas sin arrastre de agua.La información se refiere a las capitales de provincia y algunas grandes ciudades (Rosario, Mar del Plata, etc.). Es de suponer que en el interior de las provincias y en las áreas rurales las condiciones en materia de infraestructura básica son aún peores. Estos datos llevan a enfatizar que, si efectivamente se pretende asumir un compromiso con la salud de la población, la prioridad la deben tener las acciones que mejoren las condiciones básicas de vida de la población. Entre las más importantes, universalizar el acceso al agua potable, a cloacas y erradicar los basurales de zonas pobladas. La salubridad es el resultado, entre otros factores, de hogares y un medio ambiente limpios de contaminación, buenos niveles de educación, empleos bien remunerados y atención médica primaria. Los servicios de atención médica de mediana y alta complejidad, que son los que se brindan en los hospitales, ocupan un rol importante, pero no decisivo. Especialmente, cuando tanta gente sufre carencias básicas en los ámbitos donde viven. Por eso, las prioridades que fija la propuesta oficial van en contra de un compromiso efectivo con la necesaria mejora en las condiciones sanitarias de la población. Más inconsistente aún resulta centralizar las decisiones de inversiones en hospitales, cuando el sistema de salud pública es responsabilidad de las provincias. El costo de construir un hospital es relativamente bajo si se lo compara con los esfuerzos financieros y de gestión que se necesitan para mantenerlo operativo a razonables niveles de calidad. Es importante no pasar por alto que un hospital puede tener, en el término de un año o un año y medio, un gasto operativo similar o superior a lo que cuesta construirlo y equiparlo. Se trata de un nuevo ejemplo de violación de los principios federales con consecuencias muy negativas para la gestión pública. Por un lado, la Nación centraliza a niveles extremos los ingresos públicos y, aprovechando la abundancia, decide unilateralmente construir hospitales solapando facultades de las provincias. Por el otro, las provincias, empobrecidas por la centralización de recursos que impone la Nación, son las que tendrán que solventar los gastos de funcionamiento de esos hospitales. Es previsible que con bajos salarios, falta de insumos y mantenimiento, y debilidades de gestión los dividendos sociales de estas inversiones que se quieren hacer con el producido de las retenciones serán muy bajos. La bonanza de precios internacionales constituye una oportunidad inédita para construir las bases de un proceso de crecimiento con equidad y sustentabilidad. Pero esto no se va a lograr llevando la presión impositiva a niveles confiscatorios. Menos aun si esos recursos son canalizados a un fondo de administración centralizada destinado a construir hospitales. Esta prioridad implica, por un lado, ignorar que una gran proporción de la población sufre carencias de infraestructura básica desde el punto de vista de su protección sanitaria, como, por ejemplo, no contar con agua potable. Por el otro, que los servicios de salud pública son responsabilidad de las provincias y, por lo tanto, son ellas las que deben administrar los recursos balanceando adecuadamente el gasto en inversiones con las capacidades para operar los nuevos hospitales con razonables niveles de calidad.