Córdoba.- Gran estrépito causó este jueves en la sala de audiencias de la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba la declaración de uno de los acusados de fraudes en el Registro de la Propiedad de la Provincia. Éste involucró en ese tipo de maniobras al legislador Domingo Carbonetti, al ex gobernador José Manuel de la Sota, al ministro de Finanzas Ángel Mario Elettore y a otros funcionarios y dirigentes políticos.
Daniel Cerdá, considerado jefe de uno de los grupos que se dedicaban a adulterar documentos registrales, señaló además que el testaferro que pusieron para esas maniobras es Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso.
Anoche, Elettore se comunicó con este diario para expresar: “A esas investigaciones las iniciamos e impulsamos nosotros, yo tuve una participación activísima en esas denuncias, basta preguntarles a los fiscales Moyano, Gavier u Oscariz. Hemos sido nosotros lo que denunciamos, así que mal este hombre que está implicado con toda su familia puede decir otra cosa”.
La novedad se produjo ayer, pasado el mediodía, casi al finalizar una audiencia del juicio en la que el fiscal, Pablo Sironi, amplió la acusación en contra de los supuestos “falsificadores”.
Daniel Cerdá, considerado jefe de uno de los grupos que se dedicaban a adulterar documentos registrales, pidió declarar. En ese momento, el defensor del imputado advirtió al Tribunal que él le había aconsejado no declarar.
Cerdá, quien al comienzo del juicio había manifestado su intención de declarar en cualquier momento, dijo que las falsificaciones las había realizado a pedido de gente importante, que le pagó muy bien sus servicios.
Explicó que con la autorización de la actual titular del Registro, María Cristina Cáceres, por entonces subdirectora, y de otro funcionario de apellido Rodríguez, ingresaba al Registro los sábados por la noche, para concretar las operaciones de reemplazo de documentos.
Para ello, agregó, le pagaba 300 pesos al policía de custodia y le daba una botella de whisky.
Expresó que al comienzo de la investigación, cuando la fiscal Patricia Oscariz allanó el Registro, se le escuchó decir que iba a llegar “hasta las últimas consecuencias”, pero fue objetada por Elettore, quien manifestó: “No lleguemos hasta tanto; paremos aquí la investigación”, lo que luego motivó el apartamiento de la fiscal.
Aunque no en forma coordinada, Cerdá señaló que también tuvieron que ver con esos hechos “el señor (Carlos) Alesandri (actual legislador provincial), el señor (Oscar) González (actual ministro de Salud), el señor (Domingo) Carbonetti...”.
Aclaró, ante una pregunta de los jueces, que Carbonetti es el de Bell Ville, “que junto con Alesandri tiene mucho que ver con que De la Sota haya llegado a gobernador”. Agregó que Alesandri y De la Sota compraron un predio en Calamuchita, donde construyeron 18 bungalows. También, añadió, compraron un campo en Río Cuarto y pusieron a un tercero como testaferro, “a una tercera persona como dueña, no figurando ellos como titulares”.
“El problema –agregó– es que esa compra se hace en 2004, cuando el titular había fallecido en el año ‘96, pero el escribano que certifica la firma lo da como vivo y es muerto (sic)”.
“Lo compra en el 2004 y fallece en el ‘96; hay algo raro”, señaló el acusado.
Luego indicó que “la base de datos del Registro de Propiedades, la base de cómputos”, fue llevada desde 1999 a la Secretaría de la Gobernación “y ahí digitan todo... por la señora Olga Riutort” (ex esposa de De la Sota y actual concejal de la ciudad de Córdoba). Más adelante, Cerdá dijo que el testaferro que pusieron para esas maniobras fue Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso.
Cuando le preguntaron si conocía los números de folios de esas propiedades, Cerdá dijo que lo sabía pero que no lo iba a decir, porque ya no están más a nombre de esa gente. También señaló que no tenía ninguna prueba para acreditar esas manifestaciones.
Cerdá reconoció haber participado en 45 hechos de falsificaciones, pero dijo que hay otro grupo que tiene alrededor de 200 hechos similares, a quienes señaló como las personas que lo amenazaron de muerte en la cárcel.
Fuente: La Voz
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