1 de cada 2 familias con prepaga son de ingresos medios y bajos

Buenos Aires.- El Congreso está debatiendo el marco regulatorio para la medicina prepaga. Se trata de una herramienta importante en la medida que sea diseñada correctamente. Esto no ocurre con el proyecto aprobado en Diputados que dispone prohibir los planes de salud parciales. El camino recomendable no es eliminar esta opción de cobertura, sino mejorar las reglas de juego y los controles a fin de que continúen siendo una solución concreta para mucha gente de ingresos bajos y medios que lo usan como complemento de la atención que brindan los hospitales públicos. El proyecto de regulación de prepagas tiene por objeto reglar las condiciones bajos las cuales funcionarán los planes de salud voluntarios. El objetivo es fijar reglas para las entidades aseguradoras que ofrecen un conjunto de prestaciones médicas a personas que voluntariamente se asocian a cambio del pago de una cuota mensual. Quienes ofrecen este tipo de servicios son empresas comerciales, las denominadas prepagas, pero también una profusa variedad de planes voluntarios son comercializados por obras sociales, colegios médicos, cooperativas, mutuales, clubes y asociaciones.En general, se tiende a creer que la contratación de seguros de salud voluntarios es un mecanismo utilizado exclusivamente por familias de altos ingresos ya que el resto de la población está cubierta por la seguridad social (obras sociales y PAMI) o recurre al hospital público. Datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC –disponibles para el 1º trimestre del 2007– relativizan esta impresión. Según esta fuente, sobre un total aproximado de 6,6 millones de hogares con jefes de familias ocupados o jubilados en los grandes aglomerados urbanos se puede observar que:
Hay 570 mil hogares que tienen como única cobertura planes voluntarios de salud.
El 53% de estos hogares están en el quintil más alto de la distribución del ingreso con ingresos per cápita promedio del hogar del orden de los $2.200.
El 47% restante se ubica en los quintiles medios y bajos de la distribución del ingreso con ingresos per cápita promedio del hogar del orden de los $595.

La información oficial señala que prácticamente la mitad de los hogares que tiene como única cobertura un plan voluntario pertenece a estratos medios y bajos, y que su nivel de ingreso familiar sería casi un cuarto del de los hogares del quintil más alto en la distribución del ingreso. En otras palabras, existe un espectro muy heterogéneo de planes voluntarios de salud que abarca a familias con condiciones socioeconómicas muy diferentes. Para legislar, no debería obviarse que existen planes voluntarios de salud que son utilizados por familias de ingresos medios y bajos. Aproximadamente la mitad de esas familias tienen el jefe trabajando como cuentapropista o asalariado no registrado (incluyendo servicio doméstico). Es decir, son personas que no tienen una afiliación obligatoria a una obra social y que, si bien cuentan con servicios médicos gratuitos en el hospital público, hacen el esfuerzo de pagar de su propio bolsillo una cobertura privada voluntaria. Esto denota que frente a la insatisfacción por los servicios del sistema público, la gente trata de suplirlos o complementarlos con un seguro voluntario. Frecuentemente, los planes de salud voluntarios no cubren íntegramente el Programa Médico Obligatorio (PMO) que, en teoría, rige para las obras sociales. Sólo reduciendo las prestaciones –por ejemplo, excluyendo la alta complejidad– es factible ofrecer planes voluntarios accesibles a los presupuestos de familias de ingresos medios y bajos. Como estas personas pueden solicitar en el hospital público las prestaciones no cubiertas, los planes voluntarios operan, de manera informal, como un complemento del sistema público. Colisionando con esta realidad, el proyecto aprobado en Diputados obliga a que los planes voluntarios contengan, como mínimo, las prestaciones del PMO. Sólo se admiten planes de cobertura parcial en odontología, emergencia y localidades muy pequeñas. Seguramente, la intención de los legisladores es evitar que los usuarios sean víctimas de abusos; por ejemplo, estrategias de venta de planes de salud basadas en información incorrecta o confusa. Sin embargo, “el remedio va a ser peor que la enfermedad”. Por un lado, porque no es prohibiendo los planes parciales como se evitan los abusos, sino estipulando reglas simples y transparentes, y controles eficaces. Por el otro, porque obligando a suministrar todas las prestaciones que comprende el PMO, el costo del seguro va a superar las posibilidades de esta gran cantidad de familias que hoy tiene un plan parcial. El resultado final será que esta gente se quedará sin una opción que actualmente valora o –como ocurre con muchas obras sociales– se declarará en las normas un “PMO integral”, pero en la práctica se usará al hospital público para las prestaciones más costosas.El Senado tiene la oportunidad de subsanar este error. La clave es no legislar sólo para las familias de altos ingresos que tienen recursos para pagar un plan integral. Por el contrario, la prioridad debería estar centrada en mejorar las reglas y los controles a los planes parciales en beneficio de la gente de menores ingresos.