La presión impositiva superó el 30% del pbi

Buenos Aires.- Los argentinos nunca pagaron tantos impuestos como la actualidad. De todas formas, la presión tributaria sigue estando por debajo de la que registran los países desarrollados. El problema no es el nivel, sino los rudimentarios impuestos que se utilizan para sostener la recaudación, la forma en que se asignan los recursos públicos y la propensión estructural del fisco a gastar más de lo que le ingresa. Por eso el sector público argentino sigue estando en una situación financiera poco sustentable y sin cumplir las funciones de promover el desarrollo y la equidad.
En diciembre del año pasado la recaudación total del Estado nacional aumentó –en términos nominales– un 17% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento es sensiblemente más bajo al que se observaba hace un año cuando entre diciembre del 2007 y diciembre del 2006 el incremento de la recaudación alcanzaba el 38%. Si se considera la recaudación de IVA sobre las actividades domésticas se observa un crecimiento de apenas 13% (por debajo, seguramente, de la verdadera inflación) y en el caso de las retenciones sobre las exportaciones se registró una caída del 15%. Esto fue compensado con un 40% de incremento en las cargas sociales gracias a la estatización de los fondos previsionales.
Para evaluar las implicancias de este aparente cambio de tendencia en la evolución de la recaudación es interesante analizar la presión tributaria desde una perspectiva histórica. En base a datos del Ministerio de Economía sobre la presión tributaria total –es decir, recaudación nacional y provincial divida por el PBI– se puede trazar el siguiente panorama:
Con fuertes vaivenes, la presión impositiva durante la década de los ‘80 se ubico en el 15% del PBI y, con menos oscilaciones, en el entorno del 20% del PBI durante los ´90.
El promedio para los años transcurridos en la presente década es de 25% del PBI.
Con datos provisorios, en el 2008 ya se habría superado el 30% del PBI.
La recaudación tributaria es la principal fuente de financiamiento del sector público, pero no la única. Por ejemplo, la baja presión de los ’80 era compensada con emisión monetaria (el denominado impuesto inflacionario) y endeudamiento, especialmente de tipo compulsivo (por ejemplo, con los jubilados al no respectar la movilidad). En los ´90 desaparece el impuestos inflacionario y crece la presión tributaria y el endeudamiento voluntario. A partir del 2002, vuelve el impuesto inflacionario y el endeudamiento compulsivo con los jubilados, pero el dato mas notable es la fuerte tendencia ascendente de la presión tributaria.
Que la presión tributaria supere el umbral del 30% del PBI, significa que el Estado se apropia de casi 1 de cada 3 pesos de los ingresos generados por la economía. Este nivel es todavía inferior al observado en las economías más avanzadas. Según la OECD, la presión tributaria en los países desarrollados se ubica, en promedio, en el entorno del 38% del PBI. En los países más desarrollados de Europa continental supera el 40%. Pero, sin perjuicio de ello, las diferencias más notables con la Argentina se encuentran en la forma en que se recaudan y se gastan los recursos públicos.
El crecimiento de la recaudación de los últimos años se ha basado en la creación y profundización de impuestos que desalientan la producción y el empleo. Entre éstos, se destacan el impuesto al cheque, el aumento de las cargas sociales, las retenciones a las exportaciones, la prohibición de ajustar por inflación en un entorno de alta inflación y la apropiación de los aportes previsionales. Esto se potencia con el aumento en la presión impositiva de las provincias y los municipios que recae sobre los mismos contribuyentes con impuestos superpuestos a los nacionales. El ejemplo más claro e irracional es la superposición del IVA, con el Impuesto a los Ingresos Brutos y la tasa municipal.
Por otro lado, los países desarrollados legitiman su alta presión impositiva con altos niveles de calidad en la asignación y gestión del gasto público. En la Argentina, el aumento de la presión impositiva ha sido acompañado por una caída en la calidad del gasto público. Uno de los factores que explican este proceso es que la política tributaria ha llevado a una inédita concentración de recursos en el nivel nacional cuando son las provincias las responsables por la gestión de los principales servicios (educación, salud, asistencia social, seguridad, justicia). La relativa abundancia a nivel nacional induce al despilfarro a través del incremento de la burocracia, la corrupción, los subsidios a empresas públicas y privadas, y los subsidios a las familias de altos ingresos. La otra cara de la moneda es que las provincias encuentran en la carencia de recursos las razones para justificar la insuficiencia y la pobre calidad de los servicios que constitucionalmente son responsables de brindar. Mas allá de los vaivenes coyunturales, el país necesita una profunda reforma fiscal que involucre la política y la administración tributaria, la coparticipación y los criterios de asignación y gestión del gasto. Esta es la vía para que el sector público se apropie de los recursos que necesite para financiar los servicios públicos con instrumentos impositivos que no dañen la capacidad de generar riqueza y nuevos empleos.