Córdoba .- El gobernador Juan Schiaretti anunció este lunes un paquete de medidas impositivas que busca oxigenar las ya complicadas finanzas provinciales, jaqueadas por la caída de la actividad económica en el marco del conflicto del campo y por la suspensión de los envíos de fondos a la Provincia por parte de la Nación.
Pero sorprendió al informar que –a raíz del grave deterioro de las finanzas– enviará antes de que termine julio un proyecto de reforma previsional que se bautizará como “ley de Protección y Saneamiento de la Caja de Jubilaciones” (ver 6A). Estos cambios implican calcular de manera diferente el haber con el que se retira el trabajador estatal y, para reducir el gravísimo déficit de la Caja de Jubilaciones, aplicar un recorte a los haberes que superen el promedio de lo que paga la entidad estatal, hoy de 2.537 pesos. La quita solidaria alcanzará a 12.948 beneficiarios, 14,5 por ciento del total.
El aporte adicional se aplicará desde los haberes superiores a cuatro mil pesos en bruto, donde el aporte arrancará entre el 15 y el 17 por ciento, una cifra que anoche estaba en discusión. Se irá incrementando de acuerdo a tramos de haberes. Se baraja “escalonar” los tramos cada dos mil pesos, pero aún se está simulando el impacto con diversas variantes.
El recorte irá acompañado por una suba de la contribución que pagan la Provincia, municipios y empresas en concepto de aportes patronales. Hoy están en 22 por ciento y subirían a 24 ó 25 por ciento. No se estudia una medida similar para los aportes personales.
Ambas medidas reducirán en 300 millones de pesos el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Paquete fiscal. Las medidas fiscales implican, como anticipó este diario el domingo, la imposición de un gravamen a dos actividades que estaban exentas del pago de Ingresos Brutos, como la industria y la construcción, además de una suba general de la alícuota que paga el comercio.
El gobernador en persona hizo ayer los anuncios en la Casa de Gobierno, acompañado por 18 intendentes de la mesa Provincia-municipios a los que prometió coparticiparles el producido de los aumentos, inclusive el aporte que hará el campo para obra pública. El mandatario las definió como “medidas imprescindibles” para garantizar el buen funcionamiento del Estado. Dijo que caducarán en diciembre de 2010, con voluntad de retirarlas antes si mejora el panorama de las finanzas provinciales. Insistió en que no se eliminará la quita del 30 por ciento a inmuebles y automotores y remarcó que este incremento “no va a pegar a los sectores medios”.
Aseguró que los sectores empresarios se comprometieron a no trasladar a los precios el impacto de esta mayor presión impositiva. La industria, hoy exenta, pagará uno por ciento (excepto las empresas que facturan hasta 1,3 millón de pesos al año). Comercio y servicios sube de 3,5 a cuatro por ciento, a excepción de transporte y los contribuyentes que facturan por año hasta 1,08 millón de pesos.
En construcción, se generaliza el 2,5 por ciento para la compra de cualquier tipo de viviendas. La actividad agropecuaria no tendrá revalúo inmobiliario, aunque se duplicará la tasa con destino al Fondo para el Desarrollo Agropecuario, que se paga junto con el inmobiliario rural. Se esperan recaudar 100 millones de pesos sobre un presupuesto inicial de 50 millones.
¿Revalúo? El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, prefirió no opinar sobre la “discriminación” que sufre Córdoba por parte de la Nación. “Son palabras del gobernador”, se excusó. Pero abrió el convite al plantear la necesidad de rediscutir la valuación de los inmuebles: “Debe ser progresivo: quien más tiene, más paga”, dijo. El gobernador admitió que “sin duda es algo que en algún momento se va a dar”, y hasta deslizó que se podría debatir a fin de año.
Fuente: La Voz
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