Río Cuarto.- La demanda laboral de los allegados de Miguel Mattea, Gladys Baralla y Damián Cardarelli se realizará esta semana en el Juzgado Federal y alcanza, en promedio, 2 millones de pesos por afectado. Incluye "lucro cesante, daño moral, daño emergente y pérdida de chance". Las abogadas de los demandantes, Cristina Azocar y Ana Albuixech, apuntan a que la casa de altos estudios "no garantizó la seguridad en el lugar". Los abogados de las familias de Liliana Giacomelli y Juan Politano también realizarán una demanda.
- Familiares de 3 de las víctimas fatales tras las explosiones en la Planta Piloto demandarán por 6 millones de pesos, aproximadamente, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, la firma De Smet y la Aseguradora de Riesgo del Trabajo contratada por el estado.La demanda laboral de los allegados de Miguel Mattea, Gladys Baralla y Damián Cardarelli - 3 de las 6 fallecidos en el trágico siniestro ocurrido el pasado 5 de diciembre - se realizará esta semana en la secretaría Laboral del Juzgado Federal. Incluye una presentación por "lucro cesante, daño moral, daño emergente y pérdida de chance" que alcanza, en promedio, un monto de 2 millones de pesos por familia. Si la secretaría Laboral le da trámite a la causa, la Justicia informará a los demandados quienes tendrán 6 días para contestar. Luego comenzará un largo proceso de evaluación de pruebas.
Argumentación
Las abogadas de los demandantes, Cristina Azocar y Ana Albuixech, apuntan a que la casa de altos estudios "no garantizó la seguridad de los afectados".La información a la que pudo acceder Telediario Digital destaca que la Universidad será demandada por ser la empleadora de las víctimas "y la ley de Riesgos de Trabajo la obliga a dar las condiciones de seguridad necesarias".Las abogadas señalarían que los docentes no se encontraban en el lugar donde se produjeron las detonaciones cuando se iniciaron. Además, manifestarán que "trabajaban en horarios donde no había otras personas en el edificio, se perimetró la zona, evitaron el uso de medios de ignición y convocaron a una reunión informativa para explicar el trabajo que se iba a realizar allí". Sobre la presencia de los tambores de hexano en el sector, se advertiría que "estaban a la vista de todos" y "era responsabilidad de la Universidad controlar su ingreso y permanencia".
El equipo
En el caso de la compañía De Smet, las presentación está directamente vinculada a las sospechas sobre la instalación y el funcionamiento del equipo utilizado para la manipulación del hexano. Según afirman algunos testigos, empleados de De Smet habrían instalado las maquinarias, por lo que serían responsables ante posibles fallas. Técnicos del INTI intentan determinar si las roturas que habrían sido advertidas en las válvulas por donde circulaba el combustible se produjeron antes o después de las explosiones. Además, la firma aparece involucrada porque algunos de sus empleados habrían formado parte del proyecto.
Monto tope
Finalmente, la ART también es implicada porque "en todo accidente debe pagar los costos por los daños". Sin embargo, el convenio define un tope de 180 mil pesos, por lo que no alcanza a cubrir el total de la demanda.
Fuente: Telediariodigital
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