Córdoba.- La reclamada “normalización” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pondría en serios aprietos financieros a la Provincia de Córdoba, que tiene una deuda ajustable por inflación de 4.658 millones de pesos (al 31 de marzo de 2008). De reflejarse la inflación real en el índice de precios, el mecanismo indexatorio a través del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) podría disparar la deuda provincial en 1.400 millones, sólo este año. En efecto, la inflación estimada por privados para 2008 oscila en el 30 por ciento; sin embargo, el índice de precios al consumidor proyectado se ubicaría en apenas el 9,2 por ciento. Hay 21 puntos de diferencia que no solamente la Provincia se “ahorra” con la Nación, sino que además ésta le escamotea a los tenedores de títulos públicos ajustables por suba de precios. Y ésta es la única razón por la cual el gobierno de Cristina Fernández se resiste a brindar un índice real. También es la razón por la cual los tenedores de bonos argentinos los sueltan como si de brasas calientes se tratara.
Hacia mediados de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner ya percibía que tenía ante sí dos escenarios: o intentaba un canje masivo de los bonos indexables vía IPC o de lo contrario debía reducir artificialmente el índice de actualización de los títulos (o lo que es lo mismo, debía optar entre defaultear o defraudar). Optó por esta última alternativa, que en el corto plazo brindó grandes beneficios, pero como se está viendo ahora, ha traído la desconfianza de los inversores nacionales y extranjeros y el cierre total de los mercados externos de crédito, excepto el salvavidas de plomo del bolivariano Hugo Chávez.
Ahora, el costo de “sincerar” las estadísticas oficiales sería tan cuantioso que, sin considerar la catástrofe política, obligaría a una mega-reestructuración de la deuda de la Nación con sus acreedores y deudores (básicamente, las provincias). Sin dudas que la primera opción, aun tomada a tiempo, hubiese generado un terremoto inesperado, que le habría tomado al gobierno nacional en un momento de esplendor económico y político, con lo cual podría haberse evitado la agonía financiera que está soportando en la actualidad, que, dicho sea de paso, es muy suave comparada a la que sufren las provincias.
Números, no palabras
La deuda pública de Córdoba ajustada por la inflación aumentó en unos 333 millones de pesos entre marzo de 2004 e igual mes de este año; sin embargo, esa cifra podría haber trepado a unos 2.000 millones de pesos si la Nación no hubiera accedido a eliminar el CER en los distintos programas de refinanciación, conocidos como PAF; pero además y fundamentalmente, si no hubiera decidido manipular el índice de precios al consumidor. Es decir, que el gobierno nacional le quita a Córdoba enormes ingresos genuinos e incluso legalmente exigibles, pero por izquierda (y muy a su pesar) también le quita a la Provincia una cuantiosa suma en intereses. Una muestra: al 31 de marzo de 2004, las obligaciones provinciales en BOGAR alcanzaban a 3.517 millones; cuatro años después ese monto había subido solamente en 752 millones de pesos, o el 21 por ciento, un porcentaje inexpresivo frente a la acumulación de la inflación admitida en el mismo período, que es del 40 por ciento.
En la actualidad, la deuda que se sigue indexando por el CER alcanza a 4.658 millones; de esta cifra, 4.270 millones corresponden a los BOGAR. En un año, la deuda por este concepto trepó en unos 70 millones; de no existir la “inflación Moreno”, esa cifra quizás podría haberse multiplicado por tres.
¿Qué habría pasado si el gobierno no hubiera manipulado el IPC? Entre marzo de 2007 y marzo de 2008, este índice habría subido alrededor del 30 por ciento. Se trata de una estimación en base al promedio de las distintas evaluaciones realizadas por consultoras y economistas privados. Pero en el último año, debido a las cancelaciones, vencimientos y programas de refinanciación, la deuda ajustable por CER se mantuvo estable: en el primer trimestre de 2007 se ubicaba en torno a los 4.643 millones de pesos, prácticamente sin cambios. Pero si el gobierno de Cristina Fernández, en un rapto de normalidad, decide blanquear la inflación real, al padecimiento por la Caja de Jubilaciones, Córdoba debería agregarle una grave disminución de sus ingresos coparticipables, dado que la Nación se cobra lo suyo descontando automáticamente de la coparticipación lo que la Provincia le debe.
Córdoba puede y debe seguir reclamando lo que es suyo, pero también tiene sobre sí una amenaza latente, que por ahora no corre demasiado riesgo de hacerse real; es más, toda vez que la inflación se aleje del índice de precios minimalista que garabatea el INDEC la “ganancia” para la Provincia se acrecentará. No es una cifra ridícula, tanto más que este año la deuda actualizada aumentaría unos 1.400 millones de pesos.
Fuente: La Mañana
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