Plan jefes de hogar paga $75 a un millón de beneficiarios

Buenos Aires.- El Plan Jefes fue una respuesta de emergencia ante la crisis del 2002. Pasados 6 años de bonanza económica tiene casi un millón de beneficiarios que siguen cobrando $150. Este monto equivale a la mitad del poder de compra de hace 6 años. La persistencia un millón de familias cobrando una prestación devaluada demuestra la pasividad con la que se asume el problema de la pobreza estructural. Para reducir la marginalidad es importante mejorar la asistencia social, pero es imprescindible cambiar las políticas educativas, laborales y económicas.
En las economías avanzadas el crecimiento económico acompañado de un buen diseño de las instituciones sociales (educación, salud, seguridad social, regulaciones laborales) son la base del progreso y la equidad. Aun en situaciones de crisis como las actuales, en esos países el seguro de desempleo es el principal mecanismo para aminorar los costos sociales. La asistencia social, por el contrario, es un componente relativamente pequeño utilizado para aliviar situaciones muy atípicas de extrema necesidad de sectores reducidos de la sociedad. Esto es consecuencia de que la gran mayoría de las familias cuentan con instrumentos sociales eficaces para mantener un razonable nivel de vida.
Por el contrario, en países donde la pobreza es masiva y permanente la asistencia social ocupa un espacio mucho más importante, tanto por la cantidad de beneficiarios como por los recursos involucrados. Este es el caso de la Argentina, que acumula una larga experiencia en el área de la asistencia social. Dentro de ella, la intervención más ambiciosa ha sido el Programa Jefes de Hogar, creado como respuesta de emergencia a la crisis del 2002.
¿Cuál ha sido la dinámica de la política asistencial luego de 6 años de bonanza económica? Tomando datos del Ministerio de Trabajo sobre la evolución de los planes de empleo –donde la gran mayoría se explica por beneficiarios del Plan Jefes– muestran que:
La cantidad de beneficiarios pasó desde 2,1 millones de personas en el 2003 a casi 1 millón de personas en el 2008.
El valor monetario de la prestación se mantuvo fija en $150 mensuales.
Como según el índice de precios implícitos del INDEC hubo una inflación de más del 200%, en la actualidad este valor equivale en términos reales a $75 a precios del 2002, año de creación del Plan Jefes.
La reducción del asistencialismo tiene lógica en el marco de una fuerte recuperación de la actividad económica. En la actualidad, el Plan Jefes demanda apenas 0,2 % del PBI, cuando en el año 2003 demandaba 1% del PBI. Sin embargo, resulta llamativo que la reducción haya sido la consecuencia de una estrategia basada en la pasividad por parte del Estado. Básicamente, se suspendieron las altas, se transfirieron beneficiarios a otros planes de similares características (como el Plan Familias) y se dejó que la inflación vaya “licuando” el valor monetario de las prestaciones. Aun así, y con 6 años consecutivos de crecimiento económico muy alto, todavía persiste 1 millón de beneficiarios que cobran una prestación ínfima en comparación con el costo de la canasta de consumos básicos.
La reversión del ciclo económico es un hecho, debido a precios internacionales menos favorables y al agotamiento del impulso que dio la “licuación” de costos asociada a la devaluación. En esta instancia recobra actualidad y trascendencia el problema de la pobreza. La forma en que se administró el Plan Jefes es apenas uno de los muchos testimonios del fracaso de las políticas públicas que se vienen aplicando en la Argentina.
La asistencia social está estructurada actualmente en base a muchos programas, gestionados por los tres niveles de gobierno que tratan de dar similares tipos de ayuda a más o menos las mismas personas. En la práctica, su eficacia es muy baja porque los gastos administrativos son enormes y su focalización es muy débil. No son siempre los más necesitados los que reciben la ayuda o los que reciben la mayor porción de la ayuda asistencial. Este perverso esquema de organización es el resultado del uso clientelístico de los programas sociales.
De todas formas, la cuestión central es el inadecuado diseño del resto de las políticas públicas. La pobreza se genera de manera masiva por el mal funcionamiento del sistema educativo, por regulaciones laborales que cercenan la capacidad de generación de empleos, por impuestos que desalientan la producción, por la inseguridad física y jurídica, por la inadecuada organización del sistema de seguridad social, por las carencias de infraestructura. En la medida que no se avance en transformaciones estructurales sobre estas instituciones económicas y sociales no se podrá superar la decadencia y la fragmentación social aun cuando se aumenten los fondos y mejore la calidad de la gestión de la asistencia social.