Caja: la Nación quiere nuevo pacto, con avales

Córdoba.- Detrás de la pirotecnia verbal de las últimas horas, se esconde la intención del gobierno nacional de sentarse a pactar con las autoridades provinciales un nuevo esquema de financiamiento de la Caja de Jubilaciones. Pero para eso ha dado el primer contrapaso: repudiar «in tótum» los compromisos firmados hasta junio de 2002. En contraste, el titular de la ANSeS, Amado Boudou, dio un pequeño esbozo de las pretensiones nacionales proponiendo el convenio marco con la Provincia del Chaco (mucho más duro que la reciente reforma cordobesa) como base para negociar cualquier asistencia futura que reciba la Provincia para su sistema jubilatorio. Sin embargo, en la Nación saben que el gobierno de Juan Schiaretti no puede ni quiere pasar otro vía crucis legislativo. El secretario de Previsión Social de la Provincia, Osvaldo Giordano, admitió a este medio, palabras más o menos, que el «modelo Chaco» es más una chicana que un modelo.
El horizonte que se abre en las próximas semanas pasa entonces por un punto medular: cuál es el déficit que va a cubrir la Nación, independientemente de nuevas reformas, acuerdos y convenios. Según lo establecido hace seis años y vigente hasta hoy, el Tesoro nacional debería hacerse cargo de todo el rojo previsional, que oscila entre los 1.100 y 1.700 millones de pesos anuales; sin embargo, a estas alturas suena disparatado que la ANSeS ni siquiera cubra un cuarto de esas nebulosas cifras. La negociación será dura y compleja, dado que los acuerdos «técnicos» deberán estar respaldados por un entendimiento político más amplio; entiéndase bien: menos beligerancia de los legisladores cordobeses, como primer requisito. Es que la Nación, aunque no abunda en recursos, tampoco hace gala de una hegemonía monolítica en el Congreso, y en pocos meses se comenzarán a debatir temas muy delicados, como la probable renovación de los «superpoderes».
Cuando en algún momento se reinicien los contactos de alto nivel, el gobierno nacional arrancará admitiendo que al menos hay algún papel firmado. E insistirá en sostener que los incrementos salariales remunerativos no estaban incluidos en el 100 por ciento de cobertura originalmente pactado. Esto quiere decir que los ajustes de los haberes de los jubilados y pensionados desde 2004 y en adelante debían, deben y deberán ser financiados por la Provincia. En otras palabras, la Nación intentará desactivar el detonador del convenio de 2002 que fue la inflación. Mientras los precios sigan creciendo a una tasa del 30 por ciento anual, difícilmente la administración provincial pueda evitar el otorgamiento de nuevos ajustes, de forma tal que el peso relativo del déficit que se dignaría a cubrir la Nación tendería a achicarse indefectiblemente.
La Nación tampoco parece dispuesta a financiar, ni siquiera en parte, las 6.617 jubilaciones ordinarias reducidas remanentes de la gestión De la Sota por una razón muy simple: el monto global de esas erogaciones crece a medida que los beneficiarios se acercan a la edad jubilatoria requerida al momento de acogerse al beneficio.
De hecho, la mentada «armonización» no es más que aplicar a los jubilados cordobeses el mismo torniquete que sufren sus pares nacionales, cuyas jubilaciones hoy están siendo virtualmente licuadas por la constante suba de precios. Como muestra, basta saber que los jubilados de las ex cajas provinciales cobran menos de la mitad del haber promedio de un jubilado cordobés.
¿Qué propondría Córdoba en una mesa de negociación? Es difícil conocerlo hoy, porque los tratos con los Kirchner involucran numerosas variables, pero las autoridades provinciales ya han tomado nota de que para el gobierno nacional, las recientes reformas, a pesar de su altísimo costo político, distan de satisfacer sus pretensiones. En cualquier caso, Córdoba ha ingresado en una zona de turbulencia fiscal de la que difícilmente pueda librarse en el mediano plazo sin medidas complementarias, tanto o más drásticas que el último ajuste.
El problema de fondo es que hoy la Nación intenta exportar sus propios problemas fiscales no asumidos a las provincias, pero éstas se encuentran en una situación mucho más comprometida; ni siquiera tienen la «suerte» de poder financiarse con Venezuela al 16 por ciento anual, como el Tesoro nacional. Por lo tanto, sólo será cuestión de tiempo para que se reediten las viejas ligas de gobernadores marchando hacia la Casa Rosada para imponer sus condiciones de apoyo, ahora que parece haber llegado la hora de repartir pobreza, tal como sucedió a principios de este siglo.
Fuente: La Mañana