En 4 de cada 5 despidos no se cobró la doble indeminización

Buenos Aires.- En la medida que los efectos negativos de la crisis asoman cada vez con mayor verosimilitud, aumenta la importancia y urgencia de adoptar medidas preventivas. Particularmente relevantes son las que ayuden a evitar despidos y alienten nuevas contrataciones. En este contexto es muy importante tener en cuenta la baja eficacia social que tuvo la denominada “doble indemnización” cuando fue aplicada en la crisis del 2002. Esto lleva a enfatizar la importancia de ponderar el tipo de intervención que se va a llevar adelante antes de ejecutarla para que efectivamente permita morigerar los daños sociales de la reversión del ciclo económico. El recrudecimiento de la crisis financiera internacional genera justificada preocupación en la Argentina. Esto lleva, naturalmente, a que aparezca la demanda para que el gobierno tome medidas de protección al empleo, ya sea desalentando los despidos y/o estimulando las nuevas contrataciones. Ante este desafío, cabe considerar que el último antecedente de una intervención pública de carácter general orientado a la protección del empleo frente a una crisis fue la denominada “doble indemnización” introducida en el año 2002. Aunque las diferencias de contexto son muy grandes, no deja de ser pertinente para el debate actual una evaluación de esta experiencia. En este sentido, resulta interesante observar algunas evidencias empíricas sobre los resultados alcanzados con la “doble indemnización”. Procesando los datos de la EPH del INDEC del 2003 –justo el año posterior al desenlace de la crisis– es posible observar el siguiente fenómeno:
En el 2003 todavía había 178 mil personas que habían sido despedidas, a pesar de la prohibición, en el 2002 y que seguían desempleadas.
El 63%, o sea 112 mil despedidos, eran trabajadores no registrados al momento del despido y en un 94% de los casos no habían cobrado la doble indemnización.
El 37% restante, o sea 66 mil despedidos, eran trabajadores registrados al momento del despido y el 45% declaraba no haber recibido indemnización.

Esto implica que aproximadamente sólo 1 de cada 5 despedidos llegó a cobrar la indemnización. También confirma que los que más sufren la crisis son los trabajadores no registrados y, paradójicamente, es en este segmento donde este tipo de normas tiene menor eficacia. En el caso de la crisis del 2002, 2 de cada 3 despedidos que no conseguían trabajo al año siguiente del despido provenían del sector informal y en casi la totalidad de los casos –el 94%– no recibió indemnización. Entre los trabajadores formales, las probabilidades de despido son más bajas y las de cobrar la indemnización más altas, pero, de todas formas, resulta sugerente que en casi la mitad de los casos se habría eludido el cumplimiento de las normas.Si bien se trata de evidencias parciales, constituyen indicios que ponen en duda la eficacia que tuvo la “doble indemnización”. Frente a la crisis, los despidos fueron masivos y en la gran mayoría de los casos, especialmente cuando se trataba de personas en mayor estado de vulnerabilidad, las indemnizaciones de ley no fueron cobradas. Es un antecedente muy relevante que no debería pasarse por alto a los fines de no volver a repetir los mismos errores del pasado ante el cambio actual en el ciclo económico. Una manera de alentar la conservación de los empleos existentes y las nuevas contrataciones es adoptar medidas que hagan más simple, seguro y barato tener a un trabajador “en blanco”. Se podría argumentar que en el marco de crecientes restricciones fiscales no es conveniente tomar este tipo de medidas que disminuyen la incidencia de las contribuciones patronales. Sin embargo, no debe desecharse intervenciones de este tipo. Se puede moderar su impacto financiero y a la vez maximizar su impacto social instrumentando la reducción de contribuciones patronales a través de mínimos no imponibles en las cargas sociales. De esta manera, la desgravación se focaliza entre los trabajadores de salarios más bajos y las empresas más chicas, que son los segmentos productivos en donde las crisis golpean con mayor virulencia, y se puede preservar el nivel de recaudación de las contribuciones patronales entre las más grandes. Por otro lado, además, cabe tener en cuenta que el Estado nacional, según el presupuesto 2009 recientemente aprobado en Diputado, aspira a recaudar $58.000 millones en concepto de contribuciones de seguridad social, mientras que en el año 2008 los subsidios para compensaciones por controles de precios a las empresas privadas y los subsidios para empresas públicas llegarían a los $30.000 millones. Esto da una idea de que en materia de finanzas públicas la situación es compleja, pero cambiando las prioridades es posible adoptar medidas que con eficacia minimicen las previsibles consecuencias negativas que está imponiendo la reversión del ciclo económico.