Buenos Aires.- El origen de la crisis laboral es más fruto del agotamiento del modelo de crecimiento basado en salarios reales bajos que de la crisis financiera internacional. El principal motor de la expansión hasta comienzos del 2008 fue la abrupta caída del salario real producida por la devaluación del 2002. Ahora, con costos laborales a niveles similares a los que había antes de la devaluación, para enfrentar el desafío de mantener el empleo y el salario real es necesario cambiar la política laboral. Por el contrario, si se insisten en profundizarla, los costos sociales serán enormes.
Los niveles de actividad económica, empleo y salarios reales están íntimamente vinculados. Las tres variables pueden crecer de manera sostenida, en la medida en que la inversión y los aumentos de productividad sean sostenidos. Bajo estas condiciones, el incremento en los costos laborales no cercena la capacidad de generación de empleos gracias a que se financian con los aumentos de productividad. Esto es lo que ocurre, en general, en los países bien organizados. En cambio, cuando los incrementos de costos laborales superan los incrementos de productividad hay pérdidas de empleos. En este sentido, para sostener el empleo con bajos niveles de productividad se requiere que el salario real se mantenga bajo.
La experiencia argentina no escapa a esta lógica. Un ejemplo concreto se observa con la crisis del 2002. Entre finales de 1998 y finales del 2002, el nivel de actividad económica medido a través del PBI real disminuyó en todos los años, sin excepción, hasta acumular una caída del 16%. Según datos del Ministerio de Trabajo y el INDEC, el comportamiento del empleo y los salarios reales durante el mismo período tuvo la siguiente dinámica:
Entre el cuarto trimestre de 1998 y el cuarto trimestre del 2001, la cantidad total de ocupados urbanos cayó un 4% y el salario real cayó un 5%.
Entre el cuarto trimestre del 2001 y el cuarto trimestre del 2002, luego de la devaluación la cantidad total de ocupados urbanos se incrementó un 6%.
En este último período, el salario real medido en términos del Indice de Precios Mayoristas cayó un 58%.
Los datos muestran cómo cuando la actividad económica se contrae las tendencias en el mercado de trabajo son negativas. Esto se puede dar con caídas simultaneas en el empleo y el salario real, o bien, sosteniendo el empleo a través de fuertes caídas en el salario real. También es imaginable la alternativa opuesta, es decir, que se preserve o se incremente el salario real a costa de la destrucción de empleos.
La encrucijada que se plantea en el 2009 es que la reversión del escenario internacional se da junto con el agotamiento del principal factor que contribuyó a la expansión del empleo y la actividad económica, que es, la fuerte “licuación” de salarios que se produjo con la devaluación. Según datos oficiales, luego de la fuerte caída del salario real en el 2002 se ha producido una posterior recuperación hasta llegar en la actualidad a un nivel similar al que había antes de la devaluación. En el 2008, el costo laboral promedio ya se ha recuperado de la caída del 2002 y es apenas un 8% inferior al que había en el 2001.
Con la caída del nivel de actividad actual, aparece el bien intencionado objetivo de tratar de conservar los empleos y el salario real. Este sería el sentido de aplicar diferentes medidas tendientes a obstaculizar los despidos y, en paralelo, promover pautas de negociación salarial del orden de los dos dígitos tratando de no apartarse mucho de la evolución de los precios. Como lo demuestra la experiencia argentina y la de otros países, esta estrategia esta condenada al fracaso. En un escenario económico contractivo, empleo y salarios reales son objetivos contradictorios a menos que se aborden políticas para mejorar la eficiencia laboral y disminuir los sobrecostos laborales.
Esto implica revertir un proceso de incrementos de sobrecostos espurios que viene de larga data pero que se ha profundizado desde el 2002. Estos sobrecostos son el incremento en las cargas sociales sin que hayan mejorado los beneficios de la seguridad social, la imposición de nuevas contribuciones “solidarias” obligatorias a través de los convenios colectivos de trabajo, la mayor carga burocrática y complejidad en la organización interna de la producción, los conflictos de encuadramiento sindical entre gremios llevados a los ámbitos de la producción y la multiplicación de los incentivos a favor de la litigiosidad laboral por la destrucción normativa del régimen de despido y de riesgos del trabajo.
La crisis de empleo que enfrenta la Argentina no es un derivado de la crisis financiera internacional. Es el fruto de la debilidad institucional y la incapacidad para implementar políticas laborales racionales. Que los costos laborales ya estén a niveles similares al 2001 implica que la “licuación” del salario real del 2002 se ha esfumado y que se enfrentan los mismos desafíos de política laboral que en el 2001, esto es, preservar empleos y salarios reales en tiempos de crisis eliminando sobrecostos espurios que minan la productividad de las empresas y la economía.
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