Un Estado que compra con responsabilidad

Buenos Aires.- A través del Convenio firmado con el INTI en Junio de 2007, el Ministerio de Defensa aseguró que su cadena de provisión de indumentaria está libre de trabajo infantil y forzado, con operarios registrados y con la aplicación de las medidas correspondientes de higiene y seguridad. Después de las auditorías realizadas por el INTI, 41 empresas y 60 talleres proveedores del Ministerio pudieron demostrar el cumplimiento de estos requisitos previa evaluación y adecuación a los requisitos mínimos del Programa. El cambio producido en muchas de estas empresas -200 trabajadores que estaban en situación de informalidad laboral fueron registrados- y en la mejora de las condiciones de seguridad e higiene -45 empresas/talleres realizaron modificaciones importantes- permitió dar una señal clara al sector de que es posible ser competitivo trabajando de acuerdo a la legislación vigente y que todos los actores –proveedor, empresa, taller y trabajadores- pueden beneficiarse desde una distribución más justa de la cadena de provisión y del ejemplo e impulso de Instituciones del Estado.
Este es el resultado de los primeros 18 meses de ejecución del Convenio de Compromiso Social Compartido para la industria indumentaria, firmado entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
El acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de la Dra. Nilda Garré, y el Presidente del INTI, Ing. Enrique Martínez, en junio de 2007, generó numerosos cambios positivos en las condiciones de trabajo del sector indumentaria, a partir de la exigencia a sus proveedores de una Constancia de Adhesión al Programa INTI de Compromiso Social Compartido para la Industria de la Indumentaria, como requisito para presentarse a las licitaciones convocadas por dicho Ministerio. Esto implica que a través de la visita, diagnóstico y posterior evaluación, el INTI asegura ante el Ministerio la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzado, condiciones adecuadas de seguridad e higiene, y la formalización de los trabajadores en las empresas que se presentan como proveedoras de indumentaria, dado que los que no cumplen con estos requisitos mínimos, no califican para presentarse.
Esta medida tuvo repercusión entre los habituales oferentes de indumentaria, lo cual fue bien valorado por aquellas empresas integradas con procesos productivos internos y con trabajadores formalizados. Al mismo tiempo, esto obligó a los demás proveedores (que realizan sólo algunos procesos y actúan como intermediarios) a mejorar sus talleres de producción externa. También definió un límite concreto a los importadores que compran en mercados externos sin garantías de cumplir los requisitos mínimos del Programa.
Además de los beneficios mencionados para los trabajadores, debe destacarse que más de 45 empresas / talleres involucrados en la provisión de productos de indumentaria han mejorado las condiciones de seguridad e higiene a través de cambios edilicios, en seguridad eléctrica, en riesgos de incendio, en el uso de elementos de protección personal y en las condiciones de trabajo (iluminación, espacios de trabajo, descanso y aseo).
Durante estos 18 meses de aplicación del Acuerdo han sido adheridas al Programa 41 empresas que realizan la producción internamente o en los 60 talleres habilitados. Asimismo, el Programa ha adherido a dos empresas importadoras que han podido presentarse en licitaciones con la misma exigencia que las nacionales, garantizando la igualdad de condiciones.
Cabe destacar también los cambios que se produjeron en el sector de calzado. Antes de la aplicación del acuerdo intervenían hasta cuatro intermediarios desde el Ministerio hasta el proceso de aparado, así como numerosos importadores que no podían demostrar el origen y/o las condiciones en que fueron elaborados sus productos; las empresas no contaban con el proceso de aparado interno y los talleres se encontraban en condiciones de trabajo sumamente precarias. Después de la aplicación del Programa se acortó la cadena de intermediarios, no hubo participación de importadores, las empresas están incorporando nuevamente el proceso de aparado y seleccionan a sus talleres priorizando la formalización de aparadores y mejoras en las condiciones de seguridad e higiene. Asimismo se logró una distribución del precio más equitativa en la cadena y más de 50 aparadores se registraron.
Este esfuerzo interinstitucional compartido, demostró el logro de la provisión, calidad y precio en las compras de indumentaria a través de la aplicación de un modelo de gestión que garantizó condiciones de producción dignas y seguras para la integridad física, moral y económica de los trabajadores. A la vez, el poder de compra del Estado se utilizó con responsabilidad social e inteligencia en el objetivo de mejorar la calidad no sólo de los productos, sino de las relaciones de producción, en beneficio de trabajadores, productores y usuarios.