Argentina tiene cargas sociales más altas que EEUU

Buenos Aires.- Apenas el ciclo económico insinúa una reversión, la informalidad laboral vuelve a emerger reflejando el mal funcionamiento del mercado de trabajo. Un poderoso inductor a la informalidad es la combinación de bajos niveles de productividad –en especial entre las Pymes–, elevadas cargas sociales y mediocre calidad de los servicios de la seguridad social. En los países desarrollados, las imposiciones sobre los salarios están respaldadas no sólo por los altos niveles de productividad sino también por la alta calidad de los servicios que las cargas sociales financian.
Con la desaparición del efecto “licuación” de costos laborales que había producido la devaluación y una vuelta a la normalidad de los precios internacionales de los principales productos exportados emerge nuevamente el grave problema de la informalidad laboral. Resulta notable que apenas el nivel de actividad muestra síntomas de aletargamiento resurgen las evidencias de una muy baja capacidad para generar empleos de calidad.
Los factores determinantes de la informalidad laboral son motivo de controversias. Entre los más importantes están la calidad y eficacia de los controles, el tipo de regulaciones laborales que se imponen, el nivel de las imposiciones que gravan los salarios y la valoración que se tenga por los servicios que se reciban gracias a operar en la formalidad. Resulta necio negar la incidencia que tienen estos factores en la generación de informalidad. Sin perjuicio de ello, es interesante evaluar su importancia y la forma en que operan.
En los países desarrollados, la informalidad laboral es un fenómeno muy marginal. Por ello, es pertinente trazar y analizar paralelismos. Información recientemente difundida por el Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov) permite describir y cuantificar los niveles de contribuciones laborales que enfrentan en promedio los empleadores en los Estados Unidos.
· Las contribuciones patronales con destino al financiamiento de beneficios de la seguridad social son, en promedio, del 29,5% del salario.
· Dentro de este nivel de contribuciones, 11 puntos porcentuales son obligatorios (previsión, salud para la vejez, desempleo y riesgos del trabajo).
Los restantes 18,5 puntos porcentuales corresponden a beneficios de la seguridad social voluntarios (seguro de vida, de salud en la vida activa y ahorro previsional).
De estos datos se desprende que el nivel de contribuciones patronales en EEUU no es muy diferente al de Argentina. Un empleador en Argentina tiene que pagar junto con los salarios –en concepto de jubilaciones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, seguro de salud (obra social y PAMI), seguro de riesgos del trabajo y contribuciones sindicales– en promedio aproximadamente 30% del salario. En esta perspectiva parece que el nivel de las contribuciones patronales en Argentina no sería un factor de importancia en la explicación de la masiva informalidad laboral.
Sin embargo, existen diferencias cualitativas muy relevantes. En EEUU sólo 11 de los 30 puntos de costo laboral son coercitivos, mientras que los 19 restantes son voluntarios. Esta preponderancia de beneficios sociales otorgados voluntariamente sugiere que son pagados por las empresas en función de que sus empleados valoran los servicios que reciben. En otras palabras, la mayor parte de las contribuciones patronales operan como un “salario diferido”, caso contrario, no serían contratados. Esto se explicita en la estima que los trabajadores estadounidenses tienen por los seguros privados de salud y los seguros de ahorro previsional voluntarios que reciben adosados junto con su remuneración.
En Argentina, en cambio, la totalidad de las contribuciones patronales son coercitivas y la calidad y nivel de protección que brinda la seguridad social son bajos. Contribuir al sistema de previsión genera la expectativa de recibir en el futuro una jubilación cuyo monto no guarda relación con el salario de actividad y que luego será expuesto a pérdidas de poder adquisitivo por falta de movilidad. Peor aun, es altamente probable que se termine cobrando el haber mínimo, igual que quien accede al sistema sin haber hecho aportes a través de una moratoria. Los déficits de calidad de las obras sociales y del PAMI quedan demostrados en la gran cantidad de gente que, teniendo la cobertura social, usa los hospitales públicos. En igual sentido, contribuir al sistema de riesgos del trabajo implica sólo una protección parcial contra el riesgo de un juicio civil y es evidente la desproporción de las contribuciones “solidarias” que imponen los convenios colectivos de trabajo. En suma, pagar las cargas sociales no genera ventajas importantes respecto de operar en la informalidad.
Cuando la calidad de los servicios es tan baja, las cargas sociales se convierten en un impuesto que grava el trabajo asalariado registrado. Con alícuotas tan altas –similares, por ejemplo, a las polémicas retenciones sobre las exportaciones– se trata de un impuesto que discrimina contra el empleo “en blanco” y, por ello, genera muy altos costos sociales. Esto es una señal de alerta sobre la necesidad de incorporar en la agenda de políticas públicas –como se hizo con las retenciones– la revisión del nivel de impuestos sobre los salarios y el uso que se hace de los fondos recaudados por esta vía.